En los últimos años, la seguridad y la fuga de datos ha sido una de las principales preocupaciones a las cuales nos enfrentamos como organizaciones. La filtración de datos ha traído numerosos problemas, tanto a empresas como a clientes, quienes se han visto perjudicados por el uso indebido de esta información por parte de cibercriminales.

El realce alcanzado por las redes sociales y el movimiento virtual de bases de datos, han influido de manera indirecta a que este fenómeno vaya en aumento. Si de cifras se trata, el informe Data Threat Report 2018, elaborado por Thales (compañía francesa dedicada al desarrollo de sistemas de información y servicios para los mercados aeroespacial, de defensa y seguridad), indica que el 44% de las organizaciones asegura sentirse “muy” o “extremadamente” vulnerable ante la posibilidad de sufrir un ataque de este tipo; cifra que refleja un fuerte incremento en el grado de preocupación con respecto al 30% del año anterior.

Por otro lado, está la gran controversia que provocó la filtración de un documento de Cambridge Analytica, que reveló cómo los datos de usuarios de Facebook son usados para variar los resultados de elecciones políticas en todo el mundo. Este hecho constituyó una violación en cuanto a las políticas sobre el uso de datos y obligó a la compañía de Mark Zuckerberg a transparentar sus políticas de privacidad.

Las autoridades han tomado cartas en el asunto, adaptando y modernizando las leyes internas sobre los desafíos que presenta la economía digital, y el resguardo de la privacidad de las personas con la libre circulación de la información.

En nuestro país, el tema de la protección de datos no ha pasado desapercibido. El año 2018, el Senado aprobó el proyecto para convertir la protección de datos personales en un derecho constitucional. Este proyecto iniciado por los senadores Felipe Harboe, Pedro Araya y Ricardo Lagos Weber, en conjunto a los ex-senadores Hernán Larraín y Eugenio Tuma, tiene como objetivo elevar a rango constitucional el derecho de todas las personas a que sus datos personales se encuentren debidamente protegidos.

Es así es como Celcom ha tomado el compromiso de  reforzar sus procesos, funciones y políticas internas para aumentar la seguridad de la información que se maneja, haciéndose parte de la AMDD, Asociación de Marketing Directo y Digital de Chile, que tiene como principal objetivo incorporar y velar por las buenas prácticas de un marketing responsable, especialmente en el uso de bases de datos de parte de las empresas.

Ser parte de la AMDD nos permite estar alineados con la normativa vigente y las buenas prácticas de marketing directo, así como seguir las tendencias internacionales en materia de marketing digital.

Dado lo anterior, Celcom reconoce la importancia de dar cumplimiento a la Ley Nº 19.628 “Sobre Protección de la Vida Privada o Protección de Datos de Carácter Personal”, evitando la divulgación, modificación y utilización no autorizada de toda información relacionada con clientes, usuarios móviles, empleados, bases de conocimiento y estrategias.

Como Celcom, nos comprometemos a:

 

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